EL PUEBLO.- El exlíder cívico y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, influyó en la designación de gente de su confianza en cargos claves de empresas públicas estratégicas del Estado Plurinacional y otras instituciones de administración, control y fiscalización, durante el régimen de facto de Jeanine Añez.

El primer hecho que salió a la luz pública, después de la restauración del sistema democrático en Bolivia con la posesión del presidente Luis Arce Catacora, el 8 de noviembre de 2020, fue la denuncia que hizo pública el actual presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, referida a la designación el 25 de noviembre de 2019, en esta entidad, de Mario Renato Nava Morales Carrasco, hombre de confianza de Camacho.

De acuerdo con la denuncia, Nava Morales Carrasco fue funcionario jerárquico del Grupo Empresarial Inversiones Nacional Vida, de propiedad del exlíder cívico, tomando en cuenta que ejercía el cargo de subgerente corporativo tributario.

El exfuncionario, según Cazón, instruyó la prescripción de deudas tributarias a importantes empresas, generando un daño económico millonario al Estado boliviano. El SIN inició los debidos procesos penales en contra del expresidente y otros exfuncionarios públicos.

El analista Hugo Siles indicó que durante la designación de cargos en el régimen de facto, una vez consumado el golpe de Estado de noviembre de 2019, se sabe por publicaciones y círculos sociales que Fernando Camacho habría influido en el nombramiento de al menos 12 autoridades que van desde ministros, viceministros, directores nacionales y de empresas públicas, entre otros.

“A medida que pasaron los meses, cuando se conocen los escándalos de corrupción o algunos hechos específicos sobre el desempeño de estos funcionarios, el señor Camacho y su gente no niegan la relación (en la designación de autoridades)”, manifestó Siles.

El 3 de junio de este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo que el exlíder cívico puso a personas de su confianza en el SIN para evitar la fiscalización de sus empresas, lo que le permitió retirar todas sus deudas impositivas.

Un caso de corrupción que saltó a la opinión pública, a pocos meses de que inició la gestión el régimen de facto, fue el referido al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes Chávez, en febrero de 2020, con denuncias de malversación de fondos económicos, como gastos dispendiosos en que habría incurrido el exfuncionario, como la compra de teléfonos celulares, el pago de finiquitos a 13 exfuncionarios, en su mayoría gerentes, por Bs 860 mil, bonos de refrigerio, vuelos privados, donaciones a comparsas carnavaleras (Santa Cruz), y asociación de mecánicos y ramas afines del oriente, además de un auspicio por más de un millón de bolivianos a un piloto de rally.

Montes, designado el 16 de noviembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Yerko Núñez, fue removido del cargo el 8 de febrero por el entonces presidente del directorio de Entel, Ibo Blazicevic. Sin embargo, pese a la destitución, el gobierno de facto no tomó acciones inmediatas contra el exgerente y éste logró huir del país el 13 de febrero rumbo a Miami, Estados Unidos.

Una publicación de El Deber, del 14 de febrero de 2020, menciona que Elio Montes saltó a las grandes ligas de los negocios gracias a su vínculo con el Comité Cívico pro Santa Cruz, institución a la que se acercó durante los días de paro cívico contra el gobierno de Evo Morales.

Por otra parte, el 9 de enero de 2020, la entonces diputada de Unidad Demócrata (UD) Claudia Mallón denunció irregularidades en la asignación de nuevos ejecutivos en la empresa pública Boliviana de Aviación (BoA).

La exlegisladora hizo conocer que un grupo privilegiado de allegados a Camacho pretendía convertir a BoA en un botín político, el cual se expandía a varias empresas del Estado. Mencionó que se nombró a exempleados de la aerolínea privada Amaszonas en cargos jerárquicos de la estatal de aviación.

Mallón denunció que los nuevos ejecutivos de BoA entregaron la ruta a Uyuni, Potosí, a Amaszonas, reduciendo los vuelos de la firma estatal a este destino turístico de 13 a sólo 4 veces por semana, mientras que la compañía privada llegaba a realizar 17 vuelos.

También reveló que personas allegadas al exlíder cívico eran designadas en puestos claves de otras reparticiones estatales, como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Para el analista Siles, el desempeño laboral o profesional de estas personas asignadas por la influencia de Fernando Camacho no estuvo orientado a desarrollar una gestión para promover algún beneficio colectivo, sino por el contrario, sólo para favorecer a beneficios de orden privado, como lo demuestran los hechos de corrupción que se hacen públicos.

“Entonces ha sido el señor Camacho, digamos el padrino, entre comillas, del nombramiento de estas personas con el desenlace que ya conocemos”, sostuvo Siles.

En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presume que el actual Gobernador cruceño también acomodó personal de su confianza, tomando en cuenta que su empresa Servicio de Gas Santa Cruz (Sergas) mantiene un conflicto de muchos años por una deuda millonaria con YPFB.

El caso José Luis Parada y Herland Soliz

El analista Hugo Siles señaló que, de acuerdo a “los círculos sociales”, el exministro José Luis Parada, cabeza del área económica del régimen de facto, habría sido uno de las autoridades sugeridas por el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El nombramiento como presidente de YPFB a Herland Soliz Montenegro, posesionado el 16 de diciembre de 2019, y sobre quien pesan varios procesos penales por indicios de corrupción en la estatal petrolera, también habría sido sugerido no sólo por Camacho, sino por el exgobernador cruceño Rubén Costas, junto a otros funcionarios, ya que fue secretario de la Gobernación de Santa Cruz por varios años.