Gobierno chileno dictó sentencia política a 9 funcionarios públicos de Bolivia por delitos inexistentes

La Fiscalía chilena acusa a siete funcionarios de la Aduana Nacional Boliviana (ANB) y dos militares de presuntos delitos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando por un incidente sucedido el 19 de marzo en un paso fronterizo no autorizado.
Las autoridades bolivianas sostienen que se trató de una operación contra el contrabando en territorio propio, mientras que las chilenas aseguran que los bolivianos violaron el territorio de Chile con propósitos de robo.
Arce, que viajó esta semana a Chile para analizar el caso, aseguró en una entrevista con la televisión estatal Bolivia TV que las tres acusaciones «no resisten el más mínimo análisis».
La acusación de robo, explicó, no se sostendría porque el robo es un delito contra la propiedad, pero en ese caso los bolivianos trataron de incautar mercancía ilegal (llegaron a detener un camión, presuntamente con carga de contrabando, pero los carabineros de Chile detuvieron después a los bolivianos).
«Si vamos a confundir la propiedad con la mercancía ilegal, cualquier acción de decomiso, cualquier acción de incautación, cualquier acción de retención (…) también sería robo», afirmó Arce.
«Si realmente Chile se respeta y nos respeta como Estado y quiere ser un buen vecino, lo primero que tiene que hacer es procesar a estas personas», opinó el ministro, que aseguró que el camión era chileno, estaba conducido por ciudadanos de ese país y llevaba «una gran cantidad de mercadería nueva» que ingresó por un paso no autorizado.
Arce sostuvo que Bolivia ha presentado pruebas de que el oficial militar de mayor rango en la operación reportó «constantemente todos y cada uno de los movimientos que se han dado en la frontera».
«¿Alguien que quiere robar va a estar reportando a sus superiores?», se preguntó el ministro.
El ministro razonó que no tiene sentido un presunto contrabando de Bolivia a Chile, porque las zonas francas están en el norte de Chile (Arica e Iquique), y desde ahí mucha mercancía entra a Bolivia de forma legal e ilegal.
«Acusar de contrabando de Bolivia hacia Chile es como decir que puede haber narcotráfico de Europa a América Latina, que alguien traiga cocaína de Europa a América Latina», comparó.
También dijo que no era coherente la acusación de haber usado vehículos oficiales para ese fin.
Por último, desechó la acusación de porte de armas porque las fuerzas de seguridad y del Ejército siempre las llevan.
Arce también lamentó que incluso la presidenta de Chile, Michele Bachelet, sostuviera que los bolivianos trataban de robar camiones chilenos al día siguiente de la detención.
«Lo decimos con mucho respeto: una presidenta de un estado en su voz tiene mucho poder, mucho compromiso, y tiene que ser cauta», advirtió.
El ministro lamentó que se haya «judicializado» un caso que el Gobierno boliviano quería resolver diplomáticamente.
La detención en régimen de prisión preventiva en el penal de Alto Hospicio de Iquique, Chile, de estos nueve funcionarios, ha tensado las complicadas relaciones bilaterales entre los países, que se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el reclamo boliviano de una salida al Pacífico, que perdió en una guerra contra su vecino a finales del siglo XIX.
«No queremos pensar que es una actitud de revancha por la demanda marítima», dijo Arce sobre el caso de los funcionarios.
Ministro dice que bolivianos detenidos en Chile están tranquilos porque saben que son inocentes
La Paz, 14 may (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, que recientemente visitó a los 9 bolivianos detenidos en Iquique acusados de robo, informó que están tranquilos porque saben que son inocentes y que la justicia chilena está cometiendo una iniquidad con ellos.
Arce informó que se reunió con el gobernador del penal de Alto Hospicio y con los compatriotas detenidos en ese reclusorio y aseguró que están «a la expectativa, como todo el pueblo boliviano y muchos sectores del pueblo chileno» para que se resuelva favorablemente ese impase.
«Visitamos a los nueve bolivianos, está todo muy controlado, pudimos conversar, el ánimo de ellos es firme, están con la conciencia y la tranquilidad de que quién es inocente y quién está sufriendo una injusticia y están esperando una resolución pronta del tema», explicó en el programa «El pueblo es noticia» que difunden los medios estatales.
Informó que les transmitió el mensaje del Gobierno que -aseguró- hará todo para lograr su liberación en una situación que «nunca debió judicializarse» y que debió resolverse en las instancias diplomáticas.
«Nos faltan nueve ciudadanos en nuestro país, nueve personas que están siendo víctimas de una terrible injusticia y es nuestro deber y nuestra responsabilidad defendernos primero como país, como Estado, porque aquí hay una agresión contra el Estado, hay una situación que nunca debió judicializarse, siempre debió resolverse en las instancias diplomáticas, en las instancias de coordinación entre las fuerzas regulares de un país y del otro como con cualquier vecino», refrendó.
Recordó que en una conferencia de prensa que ofreció en Santiago, al finalizar su visita a ese país, afirmó que este caso puede convertirse «en una verdadera infamia, una injusticia de talla histórica» porque se estableció, después de un análisis jurídico, que las tres acusaciones no «resisten el más mínimo» fundamento y rayan hasta en el absurdo jurídico.
«Ya sentenciaron a los nueve previamente, los juzgaron previamente, hay una sentencia política en contra de ellos totalmente ilegal, abusiva y se basa sobre tres delitos que son imposibles, en materia penal hay la calificación de delito imposible, en este caso los tres delitos son imposibles», argumentó.