Consulado en Rosario pide a organizaciones pronunciarse sobre detención ilegal de bolivianos en Chile
PRENSA CONSULADO DE BOLIVIA, ROSARIO.- El Estado Plurinacional de Bolivia reitera la denuncia sobre la detención arbitraria ordenada por el Gobierno de Chile en contra de 9 funcionarios públicos bolivianos que se encontraban luchando contra varios contrabandistas chilenos el pasado 19 de marzo del año en curso.
Tras la orden de las máximas autoridades chilenas -como la Presidenta y su Canciller- las autoridades judiciales de ese país ordenaron el encarcelamiento de los compatriotas bolivianos acusándoles de supuestos delitos.
El Estado Boliviano, a través de su Cancillería, Ministerio de Justicia y Procuraduría, han asumido total defensa de los nueve hermanos bolivianos tanto en los tribunales chilenos como ante organismos internacionales; además las 9 víctimas de esta tremenda injusticia reciben asistencia consular permanente y total.
En ese sentido, el Consulado de Bolivia en Rosario, República Argentina, convoca a las organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas; inmigrantes organizados y todos los defensores de los derechos humanos universales, a PRONUNCIARSE ante la actitud prepotente de la élite gubernamental chilena que pisotea el Derecho Internacional y desprecia la diplomacia de los pueblos, la hermandad entre los pueblos y la Patria Grande.
Estaremos muy agradecidos si nos hacen llegar sus pronunciamientos pidiendo la LIBERTAD DE LOS 9 BOLIVIANOS EN CHILE, al correo del Consulado de Bolivia en Rosario (colivianrosario@gmail.com).
Para mayor información se adjuntan documentos del Ministerio de Justicia y del Viceministerio de Gestión Institucional y Consular de Bolivia.
MINISTERIO DE JUSTICIA
POSICION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE LOS NUEVE FUNCIONARIOS PUBLICOS ILEGAL E INDEBIDAMENTE DETENIDOS EN CHILE
1.- En fecha 19 de marzo del año en curso, nueve ciudadanos, siete (7) funcionarios de la Aduana Nacional y dos (2) funcionarios de las Fuerzas Armadas, fueron ilegal e indebidamente detenidos por Carabineros (guardias de frontera) de Chile, mientras cumplían labores de lucha contra el delito transnacional de contrabando. Dicha detención estuvo acompañada por una serie de vulneraciones a los derechos humanos de los nueve (9) ciudadanos, motivadas por discriminación fundada en razón de su nacionalidad boliviana, con un trato desigual ante la Ley y en violación del derecho a la libertad, al debido proceso, a la integridad física, al honor y a la dignidad, entre otras.
2.- Como se indicó, los nueves ciudadanos ilegal e indebidamente privados de libertad por autoridades jurisdiccionales chilenas, bajo supuestos cargos de robo con intimidación, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas en una zona indeterminada de la frontera boliviano-chilena, son en realidad Técnicos de Control Aduanero dependientes de la Aduana Nacional de Bolivia, designados para la lucha contra el contrabando, junto con miembros del Ejército de Bolivia, que se encontraban cumpliendo tareas de control y lucha contra el contrabando, bajo el Plan Aire-Tierra de Lucha y Represión al Contrabando.
3.- Los países, en general, no niegan que este tipo de incidentes puedan ocurrir en el marco de sus relaciones fronterizas. En ese sentido, si bien le dan la debida importancia a los mismos, esto no es óbice para que los Estados actúen en el marco de la reciprocidad, la igualdad jurídica y la no injerencia en asuntos internos, sin necesidad de remitir a sus autoridades administrativas o jurisdiccionales a quienes, involuntariamente y, en el ejercicio de sus funciones, se vean involucrados en este tipo de incidentes. Sin embargo, la República de Chile en este caso, optó por no cumplir con los dictados del derecho internacional, actuando fuera del marco de la reciprocidad y remitiendo a sus autoridades jurisdiccionales a los nueve funcionarios públicos bolivianos.
4.- La República de Chile en más de una ocasión, ha supeditado la razón a la fuerza, haciendo honor al lema de su escudo. Lo hizo en 1879, cuando invadió el Litoral boliviano; lo hizo en la tristemente célebre carta de Abraham Koning, quien en agosto de 1900 diera a Bolivia un ultimátum amenazante para obligarla a suscribir el nefasto Tratado de 1904; y lo está haciendo hoy, privando de libertad injusta y arbitrariamente a los 9 funcionarios bolivianos, violando además los más elementales principios de derecho internacional.
5.- Las autoridades judiciales y políticas de Chile se niegan a reconocer que la detención de funcionarios y militares bolivianos se dio cuando los mismos realizaban un operativo de lucha contra el delito transnacional del contrabando en un paso no autorizado de la frontera; y que según confesión espontánea de las hoy “víctimas” (léase contrabandistas), se encontraban realizando un transbordo de mercadería ilegal hacia Bolivia.
6.- Con esta actitud, el Gobierno de Chile desconoce que justamente dado este tipo de situaciones suscitadas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas hoy se encuentra trabajando la codificación de los principios y reglas que rigen “la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado”.
7.- Chile, al procesar a agentes de una nación soberana, permite que sus autoridades judiciales implícitamente pongan al propio Estado boliviano en el banquillo del acusado, pisoteando así el esencial principio del respeto a la “igualdad soberana de los Estado” (Art 2.1 de la Carta de Naciones Unidas) y negando el hecho que “par un parem non habet imperium”, es decir: “Entre pares no hay imperio”.
8.- Por otra parte, las actuaciones de las autoridades del Gobierno de Chile son claramente arbitrarias, es decir al margen del derecho, ya que la propia Presidenta de Chile y su Canciller, fueron quienes sentenciaron previamente y mandaron presos por adelantado a los funcionarios civiles y militares de Bolivia antes de que ellos siquiera vieran a una juez vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, el principio del debido proceso y consecuentemente denigrando la honra y la dignidad de los nueve bolivianos, cuyo único delito fue luchar contra un crimen transnacional. Ahora bien, lo más grave es que todas estas violaciones sistemáticas de derechos humanos fueron motivadas por actos de discriminación fundados en razón de su nacionalidad.
9.- En este sentido, el Gobierno de Chile ha actuado desconociendo el derecho internacional, violando los principios que rigen las relaciones de cooperación entre Estados e ignorando el principio de reciprocidad. Sobre lo primero, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estado (de 24 de octubre de 1970), establece que “los Estados tienen el deber de cooperar entre sí independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de todas discriminación basada en esas diferencias”, imperativo que hoy es simplemente desconocido por las autoridades de Chile, quienes se encuentran penalizando las relaciones bilaterales.
10.- El Gobierno de Chile debe recordar que en el año 2016, Bolivia devolvió a dos funcionarios chilenos anti-narcóticos que se encontraban en suelo boliviano y a un civil que tomaba fotos del puesto militar en el Silala. Decisiones motivadas por un genuino espíritu de cooperación y respeto hacia Chile, que el vecino país hoy no muestra.
11.- Por todo ello, los familiares de las víctimas, quienes al día de hoy sufren la ausencia de sus seres queridos, en fecha 30 de marzo del año en curso, decidieron recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar a esta instancia internacional que garantice la vida y la integridad física, la libertad, la honra y la dignidad, entre otros de sus seres queridos. Dicha solicitud se encuentra actualmente siendo analizada por la Comisión.
12.- Asimismo, en fecha 3 de abril de 2017, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, presentó una nota al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeis Raad Al Hussein, poniendo en conocimiento de éste, la grave situación de vulneración de los derechos humanos de los nueve funcionarios bolivianos ilegal y arbitrariamente detenidos en Chile, solicitándole sus buenos oficios para que dicho país los liberes de inmediato.
13.- Adicionalmente, el Estado boliviano, en apoyo a sus nueve servidores públicos y como retribución a las arduas y dignas tareas de lucha contra el delito trasnacional del contrabando, a través de abogados y estudios jurídicos chilenos y bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuradoría General del Estado, se encuentra en fase de preparación de un recurso de amparo constitucional conforme al artículo 21 de la Constitución Política chilena, que según su tenor, procede a favor de:
“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes”, quien “podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencia que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.
14.- El recurso de amparo, en el marco del respecto a las inmunidades jurisdiccionales de quienes cumplen funciones estatales ante la Corte de Apelaciones de Iquique, se presentará contra la Jueza de Garantía, el Fiscal de la localidad de Pozo Almonte, funcionarios de Carabineros y de la Dirección Nacional de Aduanas de Chile, por haber violado los derechos y garantías constitucionales de los 9 funcionarios públicos detenidos, al proceder a:
- Privación ilegal de la libertad ante la inexistencia de los delitos que se les imputa;
- El indebido sometimiento a jurisdicción nacional de Chile, bajo la formulación de cargos penales inexistentes: se acusa de robo cuando se trataba de contrabandistas y mercadería destinada al contrabando; se acusa de contrabando cuando se trataba de vehículos oficiales de la Aduana Nacional utilizados para la prevención y combate del contrabando; y se acusa de porte ilegal de armas, cuando se trataba de miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas.
15.- Por todo ello, el Estado boliviano, hace un respetuoso llamado a la comunidad internacional a objeto de que pueda seguir de cerca los acontecimientos relativos al presente caso y apoyar tanto a Bolivia como a Chile, a resolver de manera directa y amistosa el presente impase y, sobre todo, a recuperar la libertad y la restitución plena de los derechos humanos de nuestro nueve connacionales.
VICEMINISTERIO DE GESTION INSTITUCIONAL
Y CONSULAR DE BOLIVIA
ASISTENCIA CONSULAR PRESTADA A LOS 9 DETENIDOS
El domingo 19 de marzo de 2017, alrededor del mediodía, se produjo la detención por parte de Carabineros de Chile de 9 compatriotas de la Unidad de Control Aduanero: 7 servidores de la Aduana Nacional de Bolivia y 2 miembros de las Fuerzas Armadas, en la frontera entre Bolivia y Chile.
El 22 de marzo de 2017, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares contra los 9 compatriotas, en la que se determinó la detención preventiva y un periodo de investigación de 120 días, por los supuestos delitos de: robo con intimidación y violencia, porte ilegal de armas y contrabando.
DETENCION
La detención fue indebida, arbitraria y con uso de violencia física y verbal por parte de los carabineros. Por otro lado, los carabineros no impidieron las agresiones por parte de los contrabandistas; como resultado se tienen a tres detenidos bolivianos con lesiones.
Por ende, estamos frente a flagrantes violaciones de los derechos humanos.
La Unidad de Control Aduanero (los 9), se encontraba en cumplimiento de sus funciones, enmarcada en la normativa vigente y en observancia rigurosa de las competencias institucionales. El mismo día había efectuado decomisos que puso a disposición de las autoridades competentes.
LOS DETENIDOS:
Asistencia jurídica:
Sucedida la detención se procedió inmediatamente a la contratación de abogados locales para la defensa de los detenidos, en una primera instancia con abogados locales de Iquique (Abog. Claudio Vila), para asistir a la primera audiencia del día 22 de marzo.
A fin de fortalecer el trabajo de defensa de los detenidos, se contrató al mismo Estudio de abogados que ayudó a liberar a los soldados detenidos en el 2013. Se trata del estudio del abogado Celedón. Actualmente se encuentra en Iquique, de manera permanente, el abogado Matías Col.
Se conformó con carácter permanente una comisión interinstitucional e interministerial en Bolivia, para coordinar la defensa de nuestros detenidos con el equipo de juristas establecidos en Chile. Se debe mencionar también que, tanto la Procuraduría como la Aduana de Bolivia, destacaron abogados profesionales para que apoyen en estas labores desde Iquique-Chile.
ATENCION CONSULAR INTEGRAL:
Los 9 funcionarios bolivianos detenidos cuentan con una atención consular integral y reciben diariamente la visita de los funcionarios consulares acreditados en Chile. Se han conseguido medidas extraordinarias para su estadía en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, como la ampliación de las visitas de familiares a los siete días de la semana y las comunicaciones telefónicas.
El mismo día que ocurrieron los hechos, la Cancillería boliviana reforzó el equipo Consular acreditando al Cónsul General en Arica para apoyar al Consulado en Iquique y, de esa manera, brindar un servicio integral.
El día 20 de marzo, desde primeras horas de la mañana, los Cónsules bolivianos en Arica e Iquique, tomaron contacto personal con los 9 detenidos en Pozo Almonte, Iquique.
Se verificó el estado de salud de los detenidos, se solicitó la atención médica de las personas lesionadas, proporcionándoles alimentación de manera continua y enseres personales necesarios.
Asimismo, se revisó el estado de las celdas y se sostuvieron reuniones con las autoridades penitenciarias logrando que se amplíen las visitas de dos días por semana a los siete días de la semana, haciendo valer que son funcionarios públicos y que deberían de tener mayores resguardos de seguridad. Se encuentran en módulos distintos a los de los reos condenados.
Comunicación permanente entre familiares y detenidos
El Gobierno está realizando los esfuerzos necesarios para mantener una permanente comunicación e información a los familiares de los nueve detenidos.
El día sábado 25 de marzo, después de las gestiones realizadas con el Alcaide del Centro Penitenciario, se logró establecer comunicaciones telefónicas entre los familiares y los detenidos de manera conjunta y también de manera individual. Se logró, asimismo, grabar videos cortos de saludos de los detenidos dirigidos hacia sus familias, a fin de que puedan evidenciar el estado de salud y emocional de los detenidos.
Los días 23, 24 y 27 de marzo, Ministros de Estado y otras autoridades bolivianas, sostuvieron reuniones con los familiares de los detenidos, para informarles en detalle de las gestiones realizadas para lograr la liberación y posterior retorno de los compatriotas retenidos.
Viaje de los familiares a Iquique
Se acordó el viaje de al menos dos familiares de casa uno de los detenidos a Iquique para el día viernes 31 de marzo; el Gobierno nacional asumió los gastos que este viaje representa.
Contrabando
Existen compromisos de carácter bilateral asumidos entre Bolivia y Chile de cooperación para la lucha de delitos transnacionales como el contrabando de bienes y de la misma manera, Chile es parte de acuerdos de carácter multilateral sobre la represión del contrabando.
La propia normativa chilena tipifica como delito el “contrabando de exportación” sin embargo, son las propias autoridades chilenas las que en el caso de los detenidos bolivianos, presentan como víctimas a los propios contrabandistas.
Estamos ante un hecho que nos debe llevar a hacerle una pregunta central al Gobierno de Chile: ¿Está o no comprometido en la lucha contra el contrabando?
Chile no sólo dejó de cooperar, sino entorpeció la actuación boliviana que combatía este delito a través de operativos periódicos programados con antelación.
La acusación del Gobierno chileno, ahora, involucra, también a instituciones estatales bolivianas, que están justamente encargadas de combatir este delito transnacional.
Los detenidos no son simples ciudadanos bolivianos con antecedentes delictivos, son profesionales, servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia, altamente cualificados, que fueron destacados en una comisión para hacer cumplir la legislación nacional, en la lucha contra el contrabando.
Esta Unidad de Control Aduanero, cuenta con todo el respaldo necesario para demostrar que se encontraba en operaciones oficiales, con dotación de armamento reglamentario y vehículos de propiedad del Gobierno boliviano.
