El juicio contra los capataces Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori empezó el 18 de abril. En la audiencia de mañana (que comienza a las 8.45), declarará Sara Gómez, la mamá de Harry, un niño de 3 años que murió aquel 30 de marzo. Ella trabajaba en el taller de Caballito con su marido Luis Fernando. Todos los días, sus hijos jugaban a la espera de que sus padres terminaran la jornada laboral. El día del incendio sólo pudo escapar de las llamas con su hijo Kevin.
Además de Sara, todavía falta que declaren 20 testigos más. El fiscal Norberto Baldanza pidió que se amplíe la imputación a los acusados a “reducción de la servidumbre” y los jueces aceptaron. “Si los condenaran sólo por ‘estrago culposo’ quedarían libres porque la causa ya prescribió”, dijo a Cosecha Roja la abogada Miriam Carsen. Juan Vásquez agregó: “Si la sentencia queda firme podrían ser hasta 15 años de prisión”.
Los integrantes de la Campaña Justicia Por las Víctimas del Taller Textil de Viale aseguran que los dueños de la marca, Fischberg y Geiler, están involucrados activamente en el caso. ”Se preocuparon por el desarrollo del juicio desde el primer día”, contó a Cosecha Roja Jerónimo Montero, uno de los miembros. Los capataces dejaron de tener una defensa única y Correa cambió de abogado: contrató a Marcelo Biondi, el mismo que defendió a Jorge Mangeri en el juicio por el femicidio de Ángeles Rawson. “No entendemos cómo puede pagar a un abogado que es tan caro”, dijo Vásquez.
La querella tuvo avances importantes durante la primera audiencia. Varios de los vecinos dieron fe de que Fischberg y Geiler se acercaban al taller en calidad de “patrones”. Uno de los testigos de la defensa intentó defender a uno de los acusados y se contradijo más de cinco veces en la declaración. Los jueces Adrián Pérez Lance y Rafael Alejandro Oliden lo consideraron “falso testimonio”. Carsen adelantó: “El 23 de mayo los acusados harán una ampliación en sus declaraciones y se espera conocer la sentencia para mediados de junio”.
De lo que fue el taller poco quedó. La única prueba contundente que tuvieron durante la inspección ocular fueron las máquinas: estaban en el mismo lugar. Según el portal Fiscales, el resto de la casa estaba ocupada por cables, basura y retazos de tela. Se cree que 67 personas vivían hacinadas allí. Compartían un solo baño sin agua caliente y trabajaban más de 15 horas. Había un entrepiso de madera donde estaban las habitaciones separadas por cartones y telas, y dormían en colchones tirados sobre el piso. El tendido eléctrico era precario y alcanzaba para los televisores y tres ventiladores.
El 30 de marzo el foco del incendio comenzó con un cable que se calentó hasta prender fuego el entrepiso, pero los extintores no funcionaban. Las víctimas fueron Harry Rodríguez de 3 años (el hijo de Luis), Rodrigo Quispe Carabajal y Luis Quispe de 4, Elías Carabajal Quispe de 10, Wilfredo Quispe Mendoza de 15 y Juana Vilca, la chica embarazada.
Quieren que la Ciudad tenga un Día del Trabajador Migrante
Por Redacción Noticias Urbanas / 29 de marzo 201.- Los legisladores Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria) y Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia), presentaron un proyecto para declarar el “Día del Trabajador y Trabajadora Migrante” el 30 de marzo de cada año, fecha que conmemora la estigmatización de los trabajadores inmigrantes, tras el trágico incendio ocurrido en 2006 en el taller textil clandestino de la calle Luis Viale 1269 en el barrio de Caballito, donde murieron cinco niños y una mujer embarazada.
Entre sus fundamentos se indica que “resulta de mucha importancia visibilizar el aporte a la economía nacional que los y las trabajadoras migrantes hacen”. A la vez se puntualiza que”muchos de ellos lo hacen en condiciones de informalidad y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
“Este día de conmemoración debe ir acompañado por campañas de difusión sobre la situación que atraviesan estos trabajadores en nuestra ciudad. Sirve para generar conciencia de una problemática social que se profundiza día a día”, explicó Fuks.
Por su parte, Pablo Ferreyra indicó: “El gobierno modificó una política de inclusión y hermandad para con Latinoamérica que imperó por 12 años, a través de un decreto que recibió el repudio de vastos sectores de nuestra sociedad, con la finalidad de construir un otro al que culpar de la crisis a la que nos llevan las políticas económicas del macrismo“.
En este contexto, ambos diputados reafirman su apoyo al #ParoMigrante que se desarrollará el 30 de marzo, donde los trabajadores migrantes buscan visibilizar sus problemáticas y critican las políticas migratorias del gobierno de Mauricio Macri.
Condenaron a 13 años a los capataces del taller incendiado en Caballito y ordenan investigar a las marcas
Así lo decidió la Justicia porteña, que un fallo inédito en el que se ordenó investigar a los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller, así como a los inspectores y a la policía. En el incendio, ocurrido en 2006 en Caballito, murieron seis personas.
PAGINA 12, 2016.- La Justicia porteña sentenció a 13 años de prisión efectiva a los dos capataces del taller clandestino que funcionaba en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, que se incendió en 2006 y provocó la muerte de seis personas -cinco de ellos menores de edad-, a la vez que ordenó que se investigue a los dueños de las marcas de ropa y a policías e inspectores que habían ido al lugar antes de la tragedia.
El Tribunal Oral Criminal N° 5, conformado por los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, determinó que Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, quienes quedaron detenidos tras el fallo, deberán pasar 13 años en prisión por los delitos de «reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte» .
Además, el tribunal ordenó devolver la instrucción de la causa al Juzgado 27 para que investigue «la participación de los dueños del inmueble», Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes además eran propietarios de las marcas que compraban la totalidad de la producción del taller y eran los proveedores de la materia prima.
Los jueces resolvieron, también, abrir una nueva causa para investigar las actuaciones de «efectivos de la Policía Federal y de inspectores que se habían presentado en Luis Viale 1269/1261».
Desde las 8.30, organizaciones sociales y de la colectividad boliviana -de donde eran las víctimas- acompañaron la jornada del juicio oral que comenzó el 18 de abril, tras diez años de litigio en el que la causa estuvo dos veces por prescribir.
El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, cuando un cable de un televisor prendió el fuego que rápidamente se propagó por todo el edificio y provocó la muerte de Juana Vilca (de 25 años y embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).
«Estamos conformes con el fallo, uno no puede estar contento, por el dolor que todo esto implica. Pero es un fallo que sienta precedentes porque ha pedido que se investigue a los dueños de las marcas. En relación a la policía y los inspectores, va a ser más difícil porque ya hubo una investigación, mala, pero ya se hizo, así que habrá que presentarse como querellante e impulsar», explicó a Télam Myriam Carsen, abogada de la querella.
Por su parte, Luis Fernando Rodríguez Palma, papá de Harry Rodríguez, también remarcó la importancia de que se haya ordenado investigar a Fischberg y Geiler.
«Las condenas siempre eran a los talleristas y la mayor ganancia se la llevan las marcas. Cuando nos venían los jeans para arreglar veíamos en la etiqueta que se vendían a 150 o 200 pesos, mientras que a nosotros nos pagaban 0,50 o 0,70 centavos por prenda», indicó.
Al hacer un repaso sobre estos diez años, Luis aseguró que «fueron muy duros y de mucha soledad, de no poder decirle a mi hijo mayor, que hoy tiene 16 años, se ha hecho justicia por tu hermanito».
Luis, su esposa Sara y la organización Simbiosis Cultural fueron los únicos impulsores de la causa penal y responsables de que el tema no haya quedado en el olvido ya que, según comentó el padre de Harry, “el resto de los familiares de las víctimas no hicieron nada porque eran familiares también de Sillerico”.
«Mientras leían el veredicto, recordaba cuando años atrás estábamos cuatro o cinco personas solas haciendo un escrache, pintando el mural en la puerta del taller. Hoy vemos tanta gente involucrada en la problemática y pensamos, esperamos que no haya sido en vano», señaló por su parte Juan Vázquez, de Simbiosis Cultural.
«Es importante que se difunda el fallo, que las personas se enteren, porque nadie quiere trabajar en esas condiciones. Sólo que no tienes opciones, llegas a un país que no conoces, muchas veces te retienen los documentos, o simplemente no te pagan, y entonces no tienes cómo irte y piensas que allí por lo menos te dan comida y un techo», sostuvo Luis.
En el mismo sentido, José Alberto Gonzáles Samaniego, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex Cónsul en Argentina, sostuvo que «seguramente en este momento nos está viendo en la televisión de algún taller una persona que está siendo sometida a estas condiciones de trabajo, pero este juicio sienta un precedente para que las víctimas se animen a denunciar».
Y continuó: «Pero también es un mensaje para aquellos que traen engañados a personas desde Bolivia, para que sepan que también pueden quedar presos».
Gonzáles Samaniego aseguró que «para el Estado Plurinacional de Bolivia, este juicio no fue el objetivo final sino sólo una etapa del proceso de justicia», y aseveró que «insistirán en la necesidad de seguir hasta los dueños de las marcas».
En el taller de Luis Viale 1269 vivían 67 personas que compartían un sólo baño, donde sólo había agua fría. «Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta la media noche. La cocina estaba en el mismo piso del taller, arriba dormíamos en ‘habitaciones’ hechas con retazos de tela donde apenas entraban las camas», recordó Luis.
«Nosotros veíamos que venía la policía e inspectores, pero arreglaban todo en la oficina, por plata o por prendas, y allá se iban y nosotros nos quedábamos igual. Entonces uno pensaba: ‘¿dónde voy a denunciar si es que están todos arreglados?'», continuó.
En tanto Lourdes Hidalgo, costurera y sobreviviente del incendio, señaló: «No puedo alegrarme hoy. Quienes hemos sobrevividos quedamos con una cicatriz que no podrá sanarse nunca y nadie devolverá la vida de los que no están».
No obstante, se mostró conforme con que se haya ordenado investigar a los dueños de las marcas, a lo que calificó como los «verdaderos responsables» y a la policía e inspectores, a quienes acusó de «cómplices».
