http://latinta.com.ar.- En un contexto de creciente estigmatización hacia ellos en Argentina, los y las migrantes organizan un paro para el próximo 30 de marzo. “Consideramos importante que se visibilice el aporte a la economía nacional que los migrantes trabajadores hacemos -ya sea de manera formal o informal- y en rubros específicos en donde la participación de nuestra mano de obra es determinante” afirman.

Ante las políticas actuales, como la conformación del Centro de Detención del Migrante y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de este año, que introduce cambios a la Ley de Migraciones, “vemos que se nos señala como el chivo expiatorio en medio de una crisis económica que se viene agudizando día a día en la sociedad argentina”, explican.

Recordemos que el DNU modificó la Ley de Migraciones 25.871 y la de nacionalidad 346, extendiendo los aspectos restrictivos del ingreso y facilitando la expulsión. Además modificó lo regulado en la ley del Procedimiento Administrativo, acortando los plazos para acceder a la Justicia porque incorpora un régimen de expulsión que incluye la retención preventiva del inmigrante y restricción de un defensor público oficial.

Tal es así que, hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Gobierno argentino por el decreto presidencial que criminaliza a inmigrantes y facilita su deportación. Organizaciones de la sociedad civil expusieron que el DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos.

“Los migrantes somos parte de la construcción de la Argentina, construcción potenciada por la diversa y vasta riqueza cultural que aportamos, por la enorme fuerza de trabajo que ayuda día a día a construir con nuestro esfuerzo, la cadena económica y productiva” y es por eso que ante la pregunta sobre qué pasaría si pararan, responden que “se detendría la rueda económica del país”.

Entonces, las comunidades migrantes en Argentina van a tomar acciones conjuntas para entre otras cosas, la derogación del DNU y terminar con la criminalización. “Nos afirmamos como trabajadores y llamamos a un Paro General de Migrantes y concentración el 30 de Marzo, para demostrarle a este gobierno que no va a poder con nosotros”.

El DNU fue presentado como una medida de seguridad y habilita la expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve.

Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre los comisionados presentes.

Gabriela Liguori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), por su parte destacó que el DNU viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última palabra porque el DNU prohíbe al poder judicial revisar su decisión de otorgar dispensas, o exenciones, para evitar la expulsión.

Nengumbi Sukama del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) dijo que al asociar la migración con la delincuencia, el DNU habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial. Expuso el caso de un migrante africano que vendía mercancía en la vía pública y terminó desmayado por una llave inmovilizadora que le aplicó un policía, y a quien le iniciaron una causa penal por resistencia a la autoridad.

Justamente el DNU habilita la cancelación de residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las personas migrantes en las protestas sociales, dijo Marta Guerreño López de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.

A pesar de que los integrantes de la CIDH le pidieron al Estado que explicara las razones que justificaron el dictado de una norma de emergencia, sus representantes evadieron la respuesta. Las organizaciones que expusieron en la audiencia destacaron entonces que el DNU 70/2017 debe ser derogado por el poder ejecutivo o rechazado por el Congreso Nacional.

Participaron en la audiencia representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba.