Foto tomada 2 días después del hecho, es la prueba de la Fiscalía chilena para encarcelar bolivianos

EL DEBER Y VARIOS MEDIOS.- Hasta el martes, el abogado Manuel Choque era el defensor de los nueve bolivianos. Hubo un cambio de último momento y fue acreditado Claudio Vila Bustillos. Se trata de un militante del Partido Comunista, entre 2014 y noviembre de 2016 ejerció como gobernador de Tamarugal. Es cercano al ex alcalde de Iquique Jorge Soria, caudillo de la zona, y del diputado por el PC por Iquique, Jorge Soria.
“Soy un abogado que ejerce su actividad privada, no tengo ningún vínculo con el Gobierno en este momento y, en consecuencia, lo puedo hacer”

 ¿Qué se hará ahora con la defensa de los bolivianos que quedan detenidos?
Lo primero que vamos a hacer es apelar a la resolución de la magistrada, y debo decir que dentro del proceso investigativo, independiente de la resolución de la Corte de Apelaciones y de las veces que nosotros pidamos revisión de la medida cautelar, exigiremos las diligencias que trabajamos.

 ¿Los plazos?
Tenemos cinco días para apelar, lo haremos lo antes posible. Aquí quiero señalar muy responsablemente. Se dijo que los extranjeros de paso no tienen domicilio, ni residencia, ni arraigo lógicamente porque están de tránsito; no tienen derecho, en la eventualidad de que se vean en una situación ilícita, no tienen el derecho a cumplir ninguna otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Es grave lo que ha ocurrido, no por ser extranjeros y no tener domicilio conocido, son excluidos de una medida cautelar que no sea la prisión.

 ¿Usted dijo que la planimetría presentada por la Fiscalía es falsa?
No es falsa, pero no es absolutamente objetiva. No tenemos conocimiento pleno de esa planimetría, de ese informe. La Fiscalía señaló que el lugar donde se produjo la detención está fijado por encontrar dos días después casquillos, supuestamente percutados por carabineros, esa es la gran prueba para fijar el lugar, y las fotos no nos indican el lugar georreferenciado. No hubo rigurosidad de la Fiscalía para determinar dónde ocurrió.

 ¿Los contrabandistas acusan ahora a los bolivianos de cometer un delito?
Por supuesto. Un elemento y un antecedente para contar. Aquí estamos acreditados para demostrar que no hubo comisión del delito, que la detención de los funcionarios bolivianos se registró en Bolivia y no en Chile. Por lo tanto, no  hubo comisión de delito.

 ¿Por qué Bolivia no presentó pruebas planimétricas que demuestren que se los detuvo en Bolivia?
Estamos trabajando en eso. Hay que considerar de que este proceso lleva tres días, y en ese tiempo no es posible generar una prueba de este tipo. Trabajamos, haremos todos los esfuerzos y esa es la única forma de desbaratar todo.

Abogado defensor: Fotografía tomada dos días después del hecho, es la prueba de la Fiscalía chilena para encarcelar bolivianos

PAT TV-NO MENTIRAS, BOLIVIA.-  Lo primero que hay que señalar que esta defensa se asumió ayer; el primer día posterior a la detención, que fue el lunes, la defensa la llevaba la defensoría penal pública, pero el Consulado General de Bolivia acá en Chile, en esta zona norte de Chile, tomó la decisión de no continuar con la defensa penal pública y trabajar con un equipo de profesionales abogados de forma independiente y ahí nosotros entramos a tomar la defensa, comenzamos a trabajar ayer en preparar la mayor cantidad de antecedentes necesarios que podríamos aportar en la audiencia.

Nosotros nos planteamos en la siguiente teoría. Primero que todo, el Ministerio Público y los medios comunicación mostraban a los funcionarios de Aduana y los dos funcionarios militares no en su condición de tales, de funcionarios públicos, sino los mostraban como personas, individuos que ingresaron, en el hecho de que hubieran militares bolivianos que entraron a Chile de desarrollar un delito; pero la función pública fue absolutamente relevada de la discusión y nosotros nos planteamos que era necesario y dejar la idea establecida de que las personas que fueron detenidas el día domingo en la frontera chilena boliviana era funcionarios públicos que estaban cumpliendo una función pública, mandatada por sus distintos organismos y de servicio, esto es el servicio de aduanas boliviano, y el Ejército Boliviano. Y de eso dimos cuenta en una primera etapa de la defensa el día de hoy.

Logramos establecer y logramos que la magistrado se hiciera a la idea que aquí estábamos ante la presencia de un operativo realizado por funcionarios públicos bolivianos. Eso para nosotros era importante, porque eso demuestra que ellos no estaban antojadizamente en la zona fronteriza, que ellos estaban cumpliendo una función pública; de hecho la mañana del día domingo se produjo un decomiso de un camión con contrabando en territorio boliviano. Tuvimos acceso y tenemos en este momento ese informe y esa documentación que da cuenta.

Entonces, para nosotros, como defensa, la primera cosa eso era de vital importancia, instalar y establecer la idea, y más que la idea el hecho de que estábamos frente a un grupo de funcionarios públicos cumpliendo una función pública y principalmente una función pública en una materia tan delicada para ambos países como es el combate contra el contrabando, como es este caso.

Esa fue la primera etapa de nuestra defensa. En la segunda etapa de nuestra defensa, de esa relación de desacreditar lo planteado por el ministerio público que fueron detenidos en territorio chileno.

Lamentablemente y dado el poco tiempo que tuvimos para poder requerir y tener medios de prueba suficientes, tuvimos que establecer la estrategia de trabajar con la prueba que presentó el Ministerio Público. Es decir, cuando uno se ve en una situación en la que lamentablemente por diversos motivos, como es el tiempo, que es el caso nuestro, nosotros tuvimos que tomar la decisión de ver cómo revertíamos y dejábamos al descubierto las deficiencias de la prueba que el ministerio público tenía.

¿La pruebas del Ministerio Público chileno, por favor?

Básicamente las pruebas están en relación con las declaraciones de testigos y de las supuestas víctimas.

Lo otro que también nosotros quisimos establecer claramente acá es que quienes dicen ser víctimas, y esto lo hemos dicho reiteradamente y lo vamos a seguir diciendo, eran en realidad personas que se encontraban a puertas de cometer el delito de contrabando; esos son camioneros chilenos que se dedican a sacar mercancías que vienen de zona franca de Iquique, sacarlos por lugares no habilitados o bien ingresarlos a territorio boliviano por paso fronterizo no habilitados o bien haciendo intercambio de camiones, de los camiones chilenos a camiones bolivianos en el límite fronterizo; y cualquiera de esas dos figuras es para la legislación chilena y entiendo que también para la legislación aduanera boliviana, es un delito de contrabando

¿Cómo entiende la justicia chilena este hecho, que estos camioneros estaban con mercadería a 400 metros de la frontera con Bolivia, un lugar inhóspito?

La verdad, lamentablemente, la juez no tomó demasiado a consideración este hecho. Para nosotros era importante establecerlo, porque aquí hay dos hechos que nosotros necesitábamos establecer como defensa; que eran funcionarios públicos en desarrollo de funciones públicas de combate contra el contrabando; y que estas personas se encontraban a poco de realizar un delito que era el delito de contrabando, que eran precisamente estos funcionarios que se encontraban combatiendo.

A nosotros nos interesaba mucho que esto quedara aclarado y establecido, por lo menos en el ámbito de la opinión pública, porque también debemos considerar que la opinión pública hace juicio y la opinión pública tanto nacional chilena, como la opinión pública boliviana. Entonces, nosotros nos planteamos establecer esto y afortunadamente los medios de prueba que acompañó el Ministerio Público daban cuenta de eso, las víctimas y testigos que declararon ante carabineros, ellos reconocen que ellos habitualmente se dedican a trasladar mercadería de zona franca para ser sacada de Chile e ingresada a Bolivia por pasos no habilitados.

¿Ellos reconocieron que se dedican a eso?

Absolutamente, lo reconocen en las declaraciones que prestan y es más Carabineros que hacen el procedimiento de detención de los funcionarios bolivianos señalan que a pocos kilómetros del lugar donde supuestamente fue la detención o el sector fronterizo, estamos hablando a uno o dos kilómetros, se encuentra con una cantidad aproximada de 9 a 10 camiones completamente cargados de mercadería. Y aquí dijimos algo que establecimos, esos camiones no andaban de paseo, esos camiones estaban camino a Colchane porque no es necesario que parten; si ellos precisaban salir de Chile a través del paso fronterizo de Colchane, que es el lugar que está a 24 kilómetros del lugar donde se produjo la detención de los ciudadanos o este paso fronterizo ilegal, no tenían necesidad de estar por allí.

Entonces, tenemos dos elementos que dan cuenta que estábamos en presencia de la comisión de un delito de contrabando, estaba comenzando a desarrollarse este delito; y lamentablemente, y lo dijimos en la audiencia, lamentablemente Carabineros no hizo nada respecto de eso.

Para nosotros es importante establecer esto también, quizás procesalmente no tenga una relevancia jurídica o procesal importante, pero sí la tiene para la opinión pública y eso es para nosotros importante destacar, que la opinión pública entienda que estábamos en presencia de otro delito, de hecho nosotros lo plantemos al tribunal de la fiscalía, que toda la prueba que ellos habían presentado…

¿Entonces, la fiscalía chilena está defendiendo a contrabandistas?

No está defendiendo contrabandistas, porque la Fiscalía no defiende a las víctimas, no es su rol; ellos tienen que bajo el principio de la objetividad exponer los hechos que han sido puesto a conocimiento y constituirían un delito. Lo que está ocurriendo acá es que no se han tomado las acciones legales correspondientes para perseguir el delito de contrabando; delito que estas personas, que dicen ser víctimas, y que hacen la denuncia a Carabineros eran parte de ese delito, de la comisión del delito. Nosotros trabajamos eso, trabajamos también con los elementos eficientes que entregó la fiscalía chilena para desvirtuar las afirmaciones que ellos hacían.

Es decir, lo más importante dentro de la prueba que acompañó a la Fiscalía es un informe en el que fijan puntos georeferenciales donde habían ocurrido algunos hitos que para ellos fueron importantes; y de estos hitos, el que consideran de mayor importancia es fijar el punto donde se produjo la detención de los ciudadanos bolivianos, según ellos, de los funcionarios públicos bolivianos.

Y curiosamente este lugar lo fijan en relación a un hecho y ese hecho es que el testimonio de los carabineros, según lo que dicen carabineros de Chile cuando ellos se acercan al lugar donde estaban los funcionarios bolivianos, había una cantidad superior a 15 personas que entendemos y de la lectura de los documentos y de los testimonios, entendemos que eran el personal de los otros camiones que estaban a 1 o 2 kilómetros de distancia, encargados de mercancía de zona franca.

Este número de personas se acerca a los funcionarios bolivianos con la intención de agredirlos, reducirlos y allí los mismos carabineros dicen que ellos para evitar esta situación, esta agresión por parte de civiles efectúan tres disparos al aire y eso es en el lugar donde se produjo la detención; y esos disparos al aire obviamente dieron como resultado que hubieran casquillos del armamento militar que eran fusiles de guerra que utilizaba carabineros, esos casquillos quedaran en el suelo, en la tierra. Y ellos, uno o dos días después de ocurrida la detención vuelven al lugar, supuestamente el lugar de la detención, y encuentran estos casquillos y fijan a través de una fotografía donde aparece el casquillo y al lado un GPS que indica las coordenadas de ese lugar, y con eso ello fijan el lugar de la detención.

O sea, estamos diciendo que dos días o un día y medio después aparece un casquillo que nos estaría diciendo que allí en el lugar se produjo la detención de los funcionarios bolivianos.

¿Cuando fueron por esos casquillos, fueron con alguien de la defensa de los bolivianos?

No, absolutamente, nadie. La Fiscalía no tiene la obligación para producir sus medios de prueba, no tiene la obligación de convocar a la defensa de los imputados, eso hay que aclarar; no hay obligación de ellos.

¿Qué viene en el proceso?

Nosotros vamos a apelar en contra de la resolución de la magistrada que ordenó la detención preventiva, vamos a ir a la corte de apelación de Iquique, ahí vamos a exponer nuestros descargos y la forma como consideramos que esta resolución es infundada. Luego de eso, esto probablemente ocurra la audiencia o el día sábado o a más tardar el día martes de la próxima semana.

Nosotros vamos a seguir construyendo las pruebas necesarias. En esto estamos trabajando con el Cónsul General de Bolivia, en la región; estamos trabajando con altos funcionarios del Servicio de Aduana Boliviano y todos ellos están en contacto permanente con las autoridades ministeriales correspondientes de Bolivia.

Por tanto, el apoyo que estamos recibiendo como defensa ha sido fundamental, de parte del gobierno boliviano, como de las autoridades que están acá. Así que en ese sentido tenemos la tranquilidad que podemos contar con los elementos que sean necesarios.

¿Cuántos días tienen que estar aprehendidos?

Hay un plazo de investigación que se fijó hoy día de 120 días corridos desde hoy. La prisión preventiva se va a extender hasta el día en que logremos levantarla o ponerle término a través de lo que nosotros queremos pedir, que se fije una medida cautelar personal diferente, tal como ocurrió años atrás con el caso de los soldados bolivianos que cumplieron una medida cautelar en una medida que se llama acá arresto domiciliario total. Eso es lo que queremos obtener mientras dure el proceso.

Ahora, obviamente el fuerte de nuestra defensa lo estamos cumpliendo y esperemos a corto plazo tener los elementos suficientes para desvirtuar esta teoría del caso que la fiscalía ha desarrollado, que los funcionarios bolivianos fueron detenidos en territorio chileno.

En algunos sectores chilenos no están conformes con que usted defienda a bolivianos, ¿qué está pasando, hay molestia?

La verdad, no hemos tenido una manifestación, el senador Rossi esta tratando de vincular un hecho y de sumar a su pelea que tiene política con el diputado comunista Hugo Gutiérrez, que es diputado de mi partido, yo soy militante del Partido Comunista, efectivamente, pero el equipo jurídico que estamos trabajando en esto lo estamos haciendo en nuestro ámbito privado, personal y profesional.

Obviamente que a nosotros nos motiva la convicción de que por un lado hay una necesidad de solidarizar con estos funcionarios bolivianos por el hecho de que consideramos además de todo había habido una vulneración importante a sus derechos humanos y por tanto estamos evaluando que otro tipo de reacciones judiciales y administrativas podemos desarrollar que reafirmen esta certeza de que efectivamente hubo una vulneración de los derechos humanos de estos funcionarios.

No me complica en lo personal lo que el senador Rossi pretenda instalar, acá estamos en esto con una situación profesional, pero también de convicción. Mayormente no me preocupa. Efectivamente fui parte del gobierno de Bachelet hasta noviembre del año pasado y cumplí un rol allí, rol que me encomendó mi partido y hoy estoy en esta función en el ámbito privado, que es el ejercicio de mi profesión.