Gobierno argentino firma la declaración de la CELAC contra la xenofobia pero hace todo lo contrario

http://www.ambito.com/.- En medio de la polémica por el endurecimiento de la política migratoria que ordenó el presidente Mauricio Macri, la Argentina adhirió a una declaración internacional de la CELAC que «rechaza la criminalización de la migración irregular» y exhorta a los gobiernos de la región a eliminar las barreas que «afectan los flujos migratorios» entre los países.

El texto original lo difundió la Cancillería y fue firmado por Susana Malcorra en representación de Macri el miércoles pasado en la playa Punta Cana, de República Dominicana. «Nosotros, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos con motivo de la V Cumbre de la CELAC, celebrada en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, el 25 de enero del año (2017)», comienza el documento al que accedió ámbito.com.

La Declaración incluye 71 puntos de acuerdo sobre la paz, seguridad, lucha contra la corrupción, financiamiento, cooperación tributaria, igualdad de género, educación, cambio climático, drogas, derechos humanos y migración, entre otros. También incorporaron una mención especial a la cuestión Malvinas y el reclamo argentino de soberanía.

En los tres puntos del apartado sobre Migración los 33 estados miembros de la CELAC expresaron:

«48. Compartimos una visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino y reiteramos nuestro compromiso para promover una migración ordenada, regular y segura».

«49. Nos comprometemos a participar activamente en el proceso preparatorio de la Conferencia Intergubernamental que se considerará el Pacto Global de las Migraciones en el 2018 y damos la bienvenida al ofrecimiento de México de organizar una reunión preparatoria».

«50. Saludamos la decisión de algunos gobiernos de eliminar políticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región, así como insta a la eliminación de mecanismos de esta naturaleza en concordancia con la declaración Especial sobre Migración y Desarrollo».

• Offside

El documento que suscribió la canciller Malcorra se contrapone a las últimas acciones y declaraciones de sus colegas en el gabinete. Esta semana la ministra de Seguridad Patricia Bullrichquedó envuelta en una polémica diplomática por asegurar que a la Argentina «vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga».

En respuesta a la diputada, el cónsul de Bolivia en el país Jorge Tapia Sainz denunció que en el Gobierno «están estigmatizando a los extranjeros».

En respuesta a Sainz, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el Gobierno mantiene «permanente contacto con él y con las autoridades bolivianas, que saben de la buena predisposición migratoria de la Argentina».

En esa línea, Frigerio anunció la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) en aviones y cruceros, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.

Otra medida para cambiar la política migratoria, que fue oficializada con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri, Marcos Peña, Bullrich y Frigerio, fue la creación de la Comisión Nacional de Fronteras, que tendrá por objetivo «establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales».

Dentro de la reforma de Cambiemos se prevé además cambiar el acceso a la nacionalidad argentina:en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es legal.

Ante esta medida reaccionaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina, que alertaron por una restricción en los derechos humanos de los migrantes. «Es una regresión para los derechos de las personas migrantes» y «su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley», sostuvieron.

«El proyecto cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión», indicó el CELS en un comunicado.

DESCARGAR LA DECLARACION DE LA CELAC: https://es.scribd.com/document/337626805/Declaracion-politica-de-Punta-Cana-firmada-por-los-paises-de-la-CELAC#download

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