Sindicalistas chilenos piden asilo político en Consulado de Bolivia en Arica
La Paz y Arica, Chile, 10 nov (ABI).- Funcionarios chilenos pidieron el jueves asilo político al consulado de Bolivia en Arica por una supuesta persecución del gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que enfrenta hace tres semanas paros y movilizaciones en demanda de mejores salarios y bonos, informó un dirigente.
«Nosotros estamos pidiendo al Gobierno boliviano un asilo político en favor de dos de nuestros dirigentes sindicales (…). La política de la presidenta Bachelet es una política represiva, es una política de la negación a los derechos de los trabajadores de Chile», dijo la dirigente sindical Isolina Acosta.
En un contacto telefónico con la estatal Red Patria Nueva, Acosta denunció que en Chile se ha criminalizado el derecho a la huelga y las manifestaciones sindicales ante la falta de soluciones a las demandas de los trabajadores.
«Estamos aquí ocupando el consulado boliviano, básicamente haciendo una denuncia contra el Estado chileno por la criminalización del derecho a la huelga, por la persecución a nuestros dirigentes chilenos», subrayó la dirigente.
Hace tres semanas, Chile vive intensas jornadas de protestas y paros convocados por funcionarios públicos y sindicatos, lo que mantiene el bloqueo a los camiones bolivianos que intentan cruzar territorio chileno para llegar a los puertos del Pacífico.
Dos dirigentes sindicales chilenos piden asilo político en Consulado de Bolivia
Frontis del consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Foto: Mauricio Quiroz
Dos dirigentes sindicales chilenos solicitaron este jueves asilo político en el Consulado de Bolivia en Santiago, acusando ser «perseguidos» tras ser denunciados por incitar a la subversión del orden público en una protesta realizada el año pasado.
Los dirigentes del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y SubContratistas de Chile (Sintrac) llegaron hasta el consulado boliviano acompañados de otros trabajadores para solicitar el pedido de auxilio que aún no era respondido.
«Esta denuncia internacional también se acompaña de una petición de asilo para los compañeros que hoy estamos siendo perseguidos por el Estado chileno», indicó un documento que entregaron los dirigentes en el consulado boliviano.
Los sindicalistas junto a otros trabajadores participaron en una protesta en junio de 2015 en las vías de una estación del Metro del centro de Santiago, que obligó a la interrupción de la circulación de los vagones por casi media hora, tras lo cual fueron detenidos por la Policía.
La Intendencia (Gobernación) de Santiago decidió presentar una denuncia en contra de los manifestantes, en la que se solicitó una pena de cinco años de cárcel para ellos debido al daño económico que provocaron al Metro de la capital chilena y que asciende a los 160.000 dólares.
Los trabajadores se encontraban a las afueras del Consulado de Bolivia, donde la Policía montó un cordón de seguridad para evitar incidentes.
Los sindicalistas pidieron asilo ante el consulado, ya que Chile y Bolivia no tienen embajadas al estar rotas las relaciones diplomáticas desde 1978.
El hecho ocurre en medio de las distanciadas relaciones entre Chile y Bolivia debido a la demanda que instaló el gobierno de La Paz en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obligar al estado chileno a negociar una salida soberana al mar en su favor.
Por su parte, Chile presentó una demanda por el uso de las aguas del río Silala, cuyas aguas nacen en Bolivia y cruzan la frontera hacia territorio chileno.
Sindicalistas de Chile denuncian persecución política y piden refugio en consulado boliviano
Página Siete-Patria Nueva.- “La verdad es que la política de la presidenta Bachelet es represiva”, indicó la dirigente de los trabajadores estatales de Chile, Sorina Acosta.
Dirigentes del Comité Iniciativa Unidad Sindical de Chile (CIUS) denunciaron este jueves que son objeto de una persecución política impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por la instalación de huelgas de hambre, por este motivo solicitaron asilo político al consulado boliviano en Chile para dos de sus compañeros.
Así lo confirmó esta jornada la dirigente de los trabajadores estatales de Chile, Sorina Acosta, quien en contacto con radio Patria Nueva explicó que el Estado chileno impone una ley que va en contra de la instalación de huelgas impulsadas por los trabajadores.
Actualmente, los funcionarios chilenos desarrollan una serie de protestas en demanda de mejoras salariales. «Nosotros estamos ocupando el consulado boliviano haciendo una denuncia contra el Estado chileno por la criminalización del derecho de la huelga en el país y por la persecución a nuestros dirigentes sindicales (…) Lo único que nosotros hicimos como dirigentes es estar en una huelga legal y estamos pidiendo al Estado boliviano asilo político para dos de nuestros dirigentes”, manifestó Acosta.
Según la representante, se trata del presidente de la Federación de Trabajadores de Chile «Clotario Blets”, Sergio Alegría, y del dirigente del sindicato Sintrac 5, Álex Benegas. Asimismo, informó que otros 12 dirigentes de la empresa de transporte de Santiago ya son procesados penalmente por la «política represiva de Bachelet”.
«La verdad es que la política de la presidenta Bachelet es represiva, es un política de negación sistemática de los derechos laborales a los trabajadores de Chile”, indicó. La normas chilenas de seguridad interna y de trabajo limitan el ejercicio de las huelgas y las tipifican como delitos que serán castigados con presidido.
«Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio”, cita el artículo 11 del título IV de la Ley N° 12.957 sobre Seguridad interior del Estado.
