Fiscalía italiana pide cadena perpetua para dictadores y criminales bolivianos García Meza y Arce Gomez

MONTEVIDEO (Sputnik) — La fiscalía de Roma pidió cadena perpetua para 30 latinoamericanos, entre ellos exdictadores y altos cargos de Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, acusados de los secuestros y asesinatos de 23 ciudadanos italianos entre 1973 y 1978, indicó la prensa de ese país europeo.

Luego de 10 años de investigaciones y un proceso judicial de otros seis, los fiscales solicitaron la pena máxima para el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) y su ministro de Interior, Luis Arce Gómez y para el líder máximo del régimen militar de Uruguay, Gregorio Álvarez, quien cumple pena de prisión en su país desde 2007.

grande-garcia-meza-arce-gomez

Hay 14 uruguayos para los que se pide prisión perpetua, varios de ellos presos en su país, otros fallecidos, mientras el único que se encuentra en territorio italiano es Jorge Troccoli. También se ha pedido la condena para cuatro peruanos, incluido el exdictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y para nueve chilenos, uno de ellos también fallecido, informa el diario La República. Los acusados son parte del proceso al Plan Cóndor, una coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas para eliminar a opositores, que estuvo activa en las décadas de 1970 y 1980, indica el diario Corriere della Sera.

Del grupo de acusados, el único absuelto por la fiscalía es el uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, quien integró el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), que se ocupaba de tareas de inteligencia e interrogatorios durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Sin embargo, Chávez Domínguez logró probar que en la época en que se cometieron las desapariciones forzadas de las que fue acusado se encontraba cumpliendo funciones en la base uruguaya en la Antártida. La sala tercera del fuero penal de Roma dictará sentencia en enero de 2017. 

Fiscal de Roma pide la cadena perpetua para 27 imputados por el Plan Cóndor

TERRA.- La Fiscalía de Roma reclamó hoy la cadena perpetua para veintisiete imputados en el conocido como «Proceso Cóndor», que juzga la muerte y desaparición de italianos en el marco del plan homónimo en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980.

De acuerdo a fuentes próximas al juicio, la fiscal Tiziana Cugini solicitó la cadena perpetua por esos hechos para veintisiete imputados, dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos.

Los militares chilenos son Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama y Manuel Abraham Vásquez Chauan.

Los bolivianos son el expresidente de Bolivia, Luis García Meza Tejada, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

Los peruanos son Martín Martínez Garay, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figeroa.

Los uruguayos son Gregorio Conrado Álvarez Armellino, dictador entre 1981 y 1985, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, «Nino» Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeay Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mata.

También Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.

Reclamó la misma pena para el único de los imputados que se ha personado en el juicio, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández, que reside en libertad en Italia tras haber escapado de la justicia de su país en 2007.

Por otro lado la fiscal pidió la absolución del piloto uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez «porque no cometió los hechos» atribuidos.

Además pidió la absolución por fallecimiento del reo para los chilenos Sergio Víctor Arellano Stark, Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, Marcelo Luis Moren Brito y Joaquín Ramírez Pineda y para el uruguayo Iván Paulós.

Las mismas fuentes apuntaron al próximo 13 de enero como la fecha en la que previsiblemente se conocerá la sentencia.

El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras más de diez años de investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.

Durante el juicio se han escuchado los testimonios de supervivientes de las supuestas purgas que se vivieron, así como el de los familiares de algunas de las víctimas, ya sean asesinados como desaparecidos.

En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 acusados de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y Bolivia.

Sin embargo las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la Justicia italiana y la muerte de los acusados, ya de avanzada edad, ha acabado fijando la lista de imputados en 33.

De hecho la práctica totalidad de los imputados han rechazado defenderse, ni siquiera por videoconferencia, -con la única excepción de Troccoli- y muchos de ellos ya cumplen condena en sus respectivos países.

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet y que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.

 LA FISCALIA ITALIANA PIDIO PENAS DE CADENA PERPETUA PARA 27 REPRESORES DEL PLAN CONDOR

“Deben saber que no gozarán de impunidad”

Por Elena Llorente, Desde Roma, Página 12.- Cadena perpetua sin atenuantes fue la condena pedida por los fiscales italianos para 27 de los 28 imputados (2 bolivianos, 8 chilenos, 4 peruanos y 15 uruguayos) en el juicio contra los responsables y torturadores del Plan Cóndor que se está llevando a cabo en Roma desde 2015. Sólo uno, el uruguayo Ricardo Chávez Domínguez, fue declarado inocente.

Los culpables por los secuestros, desaparición y muerte de 43 personas (seis ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos y 33 uruguayos, de los cuales sólo 13 son ítalo-uruguayos) en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y Brasil, eran originariamente, 33 pero 5 de ellos murieron desde que comenzó el juicio. Los acusados son todos militares o policías, con la excepción del uruguayo Juan Carlos Blanco, un civil que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura uruguaya antes y durante la Operación Cóndor. Entre los acusados se encuentran también el peruano Francisco Morales Bermúdez y el boliviano Luis García Meza, ambos militares, que fueron presidentes de facto de sus respectivos países en las décadas de 1970 y 1980 respectivamente. Sólo uno de los acusados, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, vive en Italia, donde pensó que por el hecho de ser de origen italiano y tener pasaporte italiano, iba a poder escapar a la justicia.

El jueves y viernes los fiscales a cargo de la causa, Giancarlo Capalbio y Tiziana Cugini, hicieron una síntesis de los casos y pidieron las condenas. Capalbio, que hace más de 15 años que se está ocupando del tema, destacó que este es un juicio “muy atípico” porque todo el proceso introductorio de investigación no fue preparado por la policía judicial, como suele ocurrir normalmente. Cuando ocurre un asesinato o una desaparición, los familiares hacen la denuncia e interviene la policía. Pero en este caso no fue así. Fueron los familiares de los desaparecidos quienes se ocuparon de reunir las pruebas y los testigos. Varios de los testigos declararon por videoconferencias pero muchos otros viajaron a Roma para presentarse personalmente, incluyendo el fiscal general argentino Pablo Ouviña, que el pasado 7 de octubre declaró por el caso del ítalo-uruguayo Bernardo Arnone y sus compañeros del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) de Uruguay. Arnone y sus compañeros fueron secuestrados y recluidos en 1976 en el centro clandestino “Automotores Orletti” que funcionó en Buenos Aires.

Cristina Mihura, viuda de Arnone, vive en Italia desde hace años y ha sido una de las personas que más se ha movido para llevar adelante este juicio: “Este es un paso importante,· declaró a Páginað12. “Parece mentira que después de tantos años de lucha, hoy hayamos escuchado el pedido del fiscal. Han pasado 50 audiencias y un debate complicado, con decenas de testigos. Es un paso formal porque eso no quiere decir que la Corte acepte lo que piden los fiscales. Esperamos que haya justicia y que esto sirva de estímulo para que sigan las investigaciones en todos los países donde fueron cometidos estos delitos. Porque no nos olvidemos que excepto un caso de este juicio, todos los demás son desaparecidos de los cuales, después de 40 años, no nos han restituido ni siquiera los restos y en muchos casos ni se sabe qué pasó”.

El abogado italiano Arturo Salerni, representante legal de familiares de desaparecidos chilenos, argentinos y uruguayos en esta causa, destacó que los jueces pidieron 27 condenas a cadena perpetua. “Significa que los familiares, los abogados, la prensa, todos hemos trabajado muy bien. Ahora los jueces de la Corte deberán evaluar cada caso y en enero sabremos como terminará”.

El pedido de condenas a cadena perpetua de parte de los fiscales no significa en efecto que terminó el juicio. Todavía se requerirán varios pasos formales hasta que la corte emita la condena. Y luego, dado que la justicia italiana tiene tres instancias, habrá que esperar la tercera –después de la apelación– que es la de la Corte Suprema y será la definitiva.

Eventualmente, cuando las condenas sean realmente definitivas, la justicia italiana podría pedir a los países de origen, la extradición de los condenados. Y si están en la cárcel de sus propios países, una vez terminada la condena teóricamente podrían ser extraditados, explicó el abogado. “Los responsables de crímenes contra la humanidad deben saber que siempre habrá quien los persiga,” dijo Salerni. “Deben saber que no gozarán de la impunidad.”

También te podría gustar...