Trata de personas: el paso de Jujuy a Bolivia, entre la informalidad y las redes criminales

La Nación de Argentina, LA QUIACA, JUJUY.- «Documento…», pide el funcionario del puente internacional Horacio Guzmán, en el límite con Villazón. «No lo traje», responde la mujer, que va con varios chicos. «No puede pasar», señala el uniformado, con voz cansina. «Vamos por el río», ordena rápidamente la mujer, girándose hacia los menores, como si la negativa no le importara demasiado. El río La Quiaca es un charco que aquí separa la Argentina y Bolivia y que tiene en la calle Jujuy el paso ilegal más transitado de la zona, aunque no el único. Allí hay decenas de anuncios de búsqueda de personas con nombres y fotos en el puente. Los débiles controles en la frontera y los numerosos cruces informales hacen fácil el paso para indocumentados, tanto para los que cruzan por propia voluntad como para los delincuentes que negocian con el tráfico y la trata de personas.

La frontera con Bolivia se extiende por 773 kilómetros entre Salta y Jujuy, y en esta provincia el único puesto de control es el del puente entre La Quiaca y Villazón, donde las revisiones de documentación son manuales y rápidas. Miran la cédula, cotejan con la cara y adelante. Del lado boliviano, incluso, hay menos personal de seguridad que del argentino y en ninguno hay tecnología importante, sólo un escáner para mercaderías en la Argentina y algunas cámaras en la aduana vecina.

«Tanto el personal como la tecnología y los vehículos son insuficientes para la cantidad de gente que cruza por el puente y por los pasos informales existentes a ambos lados, por donde incluso pasan vehículos», dice a LA NACION el fiscal de Trata de Personas de Villazón, Javier Torrejón. Él y el intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, rescatan el trabajo de recuperación de personas que realizó -en un trabajo en conjunto- la ex cónsul argentina Reina Sotillo, que estuvo entre 2007 y 2014 en el cargo y desempeñó un papel relevante en la lucha contra la trata. Logró la restitución de más de 2000 víctimas, especialmente niños y adolescentes argentinos y bolivianos.

Pero muchos aún no aparecen. Como Ariel Llampa, a quien su madre busca desde hace cinco años, en los que se ha convertido en un caso paradigmático de la dramática situación en esta frontera que «devora» personas y las arroja a un insondable agujero negro. El fiscal Torrejón admite que muchos bolivianos que llegan desde el interior a la frontera reciben documentos originales, pero que no les sirven para poder trabajar. Cruzar sin papeles y comprar cédulas ilegales «no es difícil», apunta a LA NACION un taxista que espera pasajeros del lado argentino. «Entre 50 y 70 dólares y ya está; acá o en Salta», desliza.

Sin flexibilización

Por ahora, la Dirección Nacional de Migraciones mantiene suspendida la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), un sistema acordado entre la Argentina y Bolivia para agilizar el cruce a los habitantes de la zona. Un bloqueo de tres días del puente en Villazón motivó la medida; los bolivianos rechazan este documento, que no es obligatorio y que permite que quienes lo tengan pasen por una ventanilla especial sin llenar los documentos migratorios. Esta cronista y el fotógrafo de LA NACION cruzaron desde La Quiaca hasta Bolivia sin completar ninguna planilla.

Tito es partidario de su instrumentación para quitarles la excusa a quienes sostienen que cruzan por el río para evitar filas en el puente. De todas maneras reconoce que no es una solución para el delito, para lo que se requieren controles migratorios de última generación. Grafica con el caso de la escuela de frontera N° 1, de La Quiaca; el 40% de los chicos viven en Villazón y van y vienen por el río. «Es un descontrol, hay que poner cámaras -que están prometidas- y poder hacer un seguimiento.» «Se recuperaron especialmente jóvenes, se hicieron campañas de concientización. Seguimos en tareas coordinadas, pero queda mucho por hacer», describe Torrejón. Explica que la ley boliviana establece 14 modalidades de trata (desde la prostitución hasta la venta de órganos) y penas accesorias para el tráfico de migrantes fuera del país.

En los procedimientos se encontraron víctimas que eran trasladadas tanto en autos particulares como en ómnibus de larga distancia; algunas trabajaban en el campo y otras tenían como destino ciudades como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Carolina Barone, directora de Violencia de Género del Ministerio del Interior, explica que se están sistematizando las bases de datos con informes periódicos de las fuerzas de seguridad y que el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (Sistrata) ayuda a conocer las tendencias y las mutaciones del delito para actuar.

Con el paso de los años, los vecinos de La Quiaca y de Villazón descreen de las promesas de más controles y, en un punto, sostienen que si se cortara todo el sistema delictivo montado alrededor de esta frontera flexible ellos perderían las changas que les permiten comer. Es que tampoco confían en una mejora de la economía formal de la zona.

Un cerco para desalentar

Desde fines del mes pasado, un cerco de un kilómetro se extiende a lo largo de la zona norte de La Quiaca, en el límite con Villazón, Bolivia. La obra, encargada por el gobierno argentino, demandó casi nueve meses de trabajo. El objetivo de este cerco, que va desde el tendido del desaparecido ferrocarril General Belgrano y la avenida España, es desalentar el paso de personas y mercaderías por zonas no permitidas y encauzar todo el tránsito hacia el puente internacional Horacio Guzmán.

El paso La Quiaca-Villazón: una frontera caliente, permeable y peligrosa

La Gendarmería y la Aduana no cuentan aún con tecnología para hacer los controles y todo se hace en forma manual; hay decenas de pasos clandestinos

LA NACION, SÁBADO 06 DE AGOSTO DE 2016
Uno de los pasos ilegales aprovechados por los “bagayeros”: en el fondo casas informales en La Quiaca
Uno de los pasos ilegales aprovechados por los “bagayeros”: en el fondo casas informales en La Quiaca. Foto: Diego Lima
LA QUIACA, Jujuy.- A 1500 metros del puente internacional que une a La Quiaca, con la ciudad boliviana de Villazón hay, al menos, tres pasos informales, por el que decenas de personas cruzan diariamente sin ningún control. En la llamada frontera «caliente» del narcotráfico y el contrabando, el único inconveniente para los traficantes es salpicarse con el hilo de agua que trae el río que separa a ambos países.

Basta un salto para sortear el problema, aunque los «bagayeros» armaron un prolijo camino de piedras que les facilita los movimientos. Hay anuncios de que se instalarán drones y cámaras, pero hasta ahora los controles son débiles en la zona. En la recorrida que realizó LA NACION no había perros adiestrados para descubrir drogas o explosivos ni terminales computadorizadas para saber si los que ingresan o salen del país tienen algún impedimento legal: sólo se controla, a mano, los documentos, que luego se asientan en una planilla.

Por la calle Jujuy -no se ve desde el puesto control del puente sólo porque el río hace una pronunciada curva- el movimiento es incesante. A pocos metros termina el vallado, que empezó a construir la gestión kirchnerista en 2015 y que no se continuó. «Si el vallado era para disuadir a los que pasan bultos era como darle una aspirina a un elefante con dolor de cabeza», ironiza el dueño de un supermercado en Villazón.

En esa calle, tanto del lado argentino como del boliviano, hay paradas de taxis que esperan a quienes atraviesan el río para trasladarlos. Los «paseros» cobran entre $25 y $50 para cruzar el charco con la mercadería; algunos la llevan sobre los hombros y la mayoría en carritos.

Los otros dos cruces son barrancas que llegan al hilo de agua, llenas de basura y con algunos chanchos alimentándose. Pasarlos es igual de simple, hay piedras acomodadas para no tener que pisar el agua.

«De vez en cuando aparece un gendarme de civil y les quita las cosas», cuenta a esta enviada Rodrigo, un taxista que espera sobre la calle Jujuy. Él ve venir a sus clientes subiendo la cuesta de cien metros que lo separa del río. Cuando se corre la voz de que se acercan los controles, rápidamente todos desaparecen.

Juan Carlos, dueño de una 4×4 con la que hace viajes desde Humahuaca a La Quiaca señala que hay grupos que se encargan de hacer cruzar autos de lujo robados en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que luego son canjeados por drogas en Bolivia.

En el puente internacional Horacio Guzmán hay controles de la AFIP, de la Aduana y de la Gendarmería Nacional. Una fuente que trabaja en el lugar admitió a LA NACION que la frontera es un colador, que hay decenas de cruces no autorizados y que pasan mercadería o personas indocumentadas con facilidad.

Flora vende mandarinas en la playa de estacionamiento junto al puente; llega cada mañana desde Villazón. Su marido es «bagayero», en un buen día hace entre diez y doce cruces. «Pero, si le llegan a quitar la mercadería tiene que pagarle la mitad al dueño», dice ella.

Esta enviada cruzó tres veces el río (ida y vuelta) y una vez por el puente internacional. Por allí no fue revisada al igual que el fotógrafo que la acompañaba para esta nota: ambos no debieron declarar sus equipos de trabajo y, al regreso, tampoco fueron revisados. En el puesto hay sólo un vehículo con scanner.

A días de asumir el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, consideró que la zona limítrofe con Bolivia -como también con Paraguay- es «caliente. Por allí pasa marihuana y cocaína en cantidades» y anunció que se trabajaría en la «frontera que se ha tornado extremadamente permeable». En ese marco se puso en marcha la Secretaría de Fronteras.

Desde esa dependencia señalaron a este diario que, en 2015, por el paso internacional habilitado cruzaron unas 2550 personas por día y, aunque no dieron números sobre decomisos de mercadería y droga, se dijo desde el Ministerio de Seguridad que «se cuenta con estadísticas de actuaciones del Escuadrón La Quiaca, de la Gendarmería. A fin de discriminar las realizadas en ese paso en particular, hemos creado el Registro de Estadísticas de Seguridad en Pasos Internacionales (Respi)».

El titular del área, Luis Green, ratificó a LA NACION que el límite fue «priorizado» en el marco de la «emergencia de seguridad». Hoy todavía no se advierte, simple vista, un refuerzo de seguridad. Con esa percepción coinciden los vecinos de las ambas ciudades y también el intendente de La Quiaca, Miguel Angel Tito, que reconoce que «se está trabajando; ya llegarán la tecnología y los equipos».

En diálogo con este medio, el intendente peronista elegido por el movimiento vecinalista Quiaqueños, subrayó que la frontera «siempre permeable» se complicó más cuando el kirchnerismo trasladó gendarmes al conurbano bonaerense. «Ahora está perforada», reconoce.

Desde la Aduana, un empleado, que prefiere no identificarse, admite que en las bolsas y bultos «los bagayeros puede pasar cualquier cosa». De la misma manera los «paveros» (traficantes de personas) hacen entrar indocumentados.

Aunque prefiere no entrar en detalles presume que desde los escándalos con los jueces federales salteños Miguel Farfán y Raúl Reynoso por su presunta vinculación con los narcos, hay más droga que entra por Jujuy. «El paso de Aguas Blancas quedó más expuesto», razona.

En el Escuadrón 21 de Gendarmería prestan servicio 270 efectivos. Tito insistió en que se necesitan «equipos de última generación, más gente y avanzar con la radarización. El estado nacional invertirá US$ 450.000 dólares en cámaras térmicas y monitoreo». Green agregó que se adoptaron «las medidas requeridas para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos necesarios para el debido control y vigilancia». Aún no hay fecha de cuándo todo estará funcionando.

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